QUITO, Pichincha
La Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), durante una audiencia de formulación de cargos desarrollada este martes.
El dirigente es investigado por el presunto delito de paralización de un servicio público, a raíz de las protestas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, ocurridas entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, que provocaron bloqueos en carreteras y dejaron tres personas fallecidas.
En Imbabura, las manifestaciones se prolongaron durante 31 días, periodo en el que la provincia permaneció bloqueada.
Traslado a la justicia indígena
Antes de que avanzara el proceso penal, la defensa de Perugachi solicitó que la causa fuera trasladada a la justicia indígena. Sin embargo, una jueza penal de Ibarra rechazó el pedido y determinó que el caso debía continuar bajo la jurisdicción ordinaria.
Con esa resolución, la Fiscalía procedió con la formulación de cargos y dio inicio formalmente a la etapa de instrucción fiscal, además de solicitar la prisión preventiva del dirigente.
Tras conocerse el avance del proceso, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) expresó su respaldo a Perugachi y cuestionó las acciones judiciales en su contra.
Mecanismo de persecución
“Rechazamos que la protesta social y la participación de dirigentes y organizaciones en la defensa de los derechos colectivos sean utilizadas como mecanismos de criminalización y persecución”, señaló la organización en un comunicado.
Ecuarunari sostuvo además que la «persecución» de dirigentes sociales “no puede convertirse en una política de Estado” y acusó al Gobierno de mantener acciones de intimidación contra quienes participan en movilizaciones.
La organización indígena invocó también el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho de individuos y colectivos a ejercer la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales. (I)
