QUITO, Pichincha
La Fiscalía General del Estado impulsó una nueva fase en el denominado caso Apagón y solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para formular cargos por presunto peculado contra 21 personas. La investigación se enfoca en supuestas irregularidades en contratos de emergencia suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa extranjera Progen, en medio de la crisis energética de 2024.
El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, lidera el proceso que apunta a un perjuicio estatal cercano a los 100 millones de dólares, según determinaciones de la Contraloría. La causa marca un precedente dentro del actual Gobierno, ya que incluye a Antonio Goncalves, quien se desempeñó como ministro de Energía y Minas durante los hechos investigados.
Las autoridades allanaron la vivienda de Goncalves en la fase inicial del caso. Junto a él, la Fiscalía procesará a Fabián Calero, exgerente general subrogante de Celec y exviceministro de Electricidad. Calero declaró la emergencia eléctrica en junio de 2024 y delegó la contratación a unidades de negocio bajo su responsabilidad. Además, viajó a Estados Unidos para verificar a la contratista y, según la propia empresa, participó directamente en las negociaciones.
En contraste, el exministro encargado Roberto Luque no figura entre los procesados, pese a haber tenido un rol durante la crisis. Luque continúa en funciones dentro del Gobierno de Daniel Noboa.
Fiscalía
La Fiscalía también apunta a mandos medios que ejecutaron los contratos. Entre ellos consta Byron Orozco, quien firmó en agosto de 2024 acuerdos para instalar 150 megavatios en Quevedo y Salitral. Su sucesor, Gonzalo Guerrón, suscribió un contrato complementario en enero de 2025 que modificó condiciones de pago a favor del contratista. A este nivel se suma Carlos Villacís, responsable de remitir fichas técnicas utilizadas en el proceso.
En el ámbito operativo, la investigación incluye a Marvin Rubio, quien presidió la comisión técnica que recomendó adjudicar los contratos, pese a inconsistencias en las propuestas. También enfrentarán cargos Daniel Suárez, Julio Montesdeoca y César Augusto Toledo, quienes avalaron el proceso con sus firmas.
En la contraparte privada, el Ministerio Público acusará a Williamson Andrew Scott, quien actuó como representante legal de Progen en la firma de los contratos. La trama también involucra a Karla Saud Calero, señalada por gestionar el proceso desde sus inicios, participar en reuniones técnicas y presuntamente presentar documentación adulterada para respaldar la experiencia internacional de la compañía.
Con esta acción judicial, la Fiscalía busca determinar responsabilidades penales en uno de los casos más relevantes vinculados a la crisis energética reciente, que afectó de forma directa el suministro eléctrico y la estabilidad productiva del país. (I)
