QUITO, Pichincha
La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis del proyecto de ley contra el reclutamiento de menores con el respaldo de la Fiscalía, que planteó reforzar controles, sanciones y mecanismos de prevención frente a este fenómeno vinculado al crimen organizado.
Durante la comparecencia, John Romo destacó el enfoque integral de la propuesta, al señalar que no se limita a reformar el Código Orgánico Integral Penal, sino que incorpora medidas estructurales en educación, prevención y entorno familiar.
El fiscal subrayó que la iniciativa aborda causas profundas como la desigualdad, la desintegración familiar y la falta de orientación en etapas tempranas. Desde su experiencia de más de dos décadas en justicia juvenil, afirmó que estos factores inciden directamente en la vinculación de adolescentes con estructuras delictivas.
Regulación del acceso
Uno de los puntos que resaltó como innovador es la regulación del acceso de menores a entornos digitales. Romo consideró clave establecer controles sobre plataformas tecnológicas para evitar la captación por redes criminales, aunque advirtió que la normativa debe incluir sanciones para las empresas que incumplan estas disposiciones.
Asimismo, propuso ampliar la corresponsabilidad en el uso de tecnologías, involucrando no solo a las familias, sino también a instituciones educativas y actores privados. “El deber de cuidado debe recaer en todos los que participan en la formación de niños y adolescentes”, enfatizó.
En cuanto a las reformas penales, respaldó el endurecimiento de sanciones contra quienes recluten menores para actividades ilícitas. Alertó que esta práctica ya se evidencia en ciudades como Quito, donde adolescentes participan en delitos graves como sicariato, secuestro y tráfico de drogas.
El proyecto también busca fortalecer la identificación y judicialización de los reclutadores, sin dejar de aplicar medidas socioeducativas a los menores conforme a su edad. Para la Fiscalía, la normativa representa una herramienta urgente para frenar el avance de estas redes y proteger a la niñez.
La comisión inició mesas técnicas para seguir recibiendo aportes de distintos sectores, con el objetivo de consolidar una ley que responda de forma integral a una problemática que gana terreno en el país. (I)
