PUERTO BAQUERIZO MORENO, Galápagos
La Asamblea Nacional aprobó el 26 de febrero de 2026 una reforma que prohíbe la explotación minera dentro del Parque Nacional Galápagos y habilita a los municipios a conceder permisos para extraer áridos y pétreos en zonas de aprovechamiento sustentable, fuera del área protegida.
El Legislativo incorporó la disposición en el informe para segundo debate de la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, pese a que el Ejecutivo no incluyó ese punto en el proyecto original. El nuevo texto permite el libre aprovechamiento exclusivamente para materiales de construcción y exige priorizar criterios de economía circular, reciclaje y optimización de recursos.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, defendió la reforma y aseguró que la medida fortalece la protección del parque, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Recordó que en 2025 el Ministerio ordenó cerrar todas las canteras activas, incluida una que operaba dentro del área protegida, por contradecir la Constitución y afectar un ecosistema frágil.
Manzano subrayó que cualquier autorización fuera del parque requerirá licencia ambiental, estudios técnicos y planes de manejo estrictos. Además, anunció que su cartera prepara una regulación para que, hasta 2030, al menos el 50 % de los materiales empleados en viviendas en la provincia provenga de procesos de economía circular.
La reforma generó cuestionamientos en el pleno. La asambleísta Verónica Íñiguez advirtió que el artículo podría abrir espacio a la extracción privada sin controles suficientemente claros y acelerar la expansión urbana en un territorio limitado y vulnerable. Señaló que los gobiernos autónomos no han logrado contener el crecimiento desordenado ni consolidar sistemas adecuados de gestión de residuos.
Galápagos
El asambleísta por Galápagos, David Arias, defendió la disposición y afirmó que no autoriza minería metálica, sino extracción controlada de materiales para construcción. Argumentó que la población enfrenta escasez de insumos tras el cierre de una cantera pública y que la medida reducirá costos logísticos en un archipiélago donde el transporte encarece la obra civil.
El abogado ambientalista Hugo Echeverría alertó sobre la ambigüedad del texto. Indicó que la norma no especifica si los permisos alcanzan únicamente a entidades públicas o también a actores privados, lo que podría generar interpretaciones amplias en la normativa secundaria. También recordó que Galápagos cuenta con un régimen especial de administración reconocido en la Constitución y con compromisos internacionales de conservación que exigen análisis técnico previo y consenso.
La reforma deja interrogantes clave: quién delimitará con precisión las zonas de aprovechamiento sustentable, qué criterios científicos respaldarán esa delimitación y cómo garantizarán las autoridades que la extracción no afecte hábitats sensibles ni especies emblemáticas del archipiélago. (I)
