LAGO AGRIO, Sucumbíos
El Gobierno de Ecuador defendió la operación militar ejecutada a inicios de marzo en la provincia de Sucumbíos y aseguró que el bombardeo no tuvo como objetivo una granja lechera, sino un campamento del grupo armado ilegal “Comandos de la Frontera”.
El ministro del Interior, John Reimberg, rechazó este 25 de marzo de 2026 el reportaje publicado por The New York Times, que señalaba que el sitio intervenido correspondía a una finca productiva. El funcionario sostuvo que las estructuras criminales utilizan propiedades agrícolas como fachada para ocultar actividades ilícitas.
“Pretender que estos lugares tengan identificación visible resulta desconocer cómo operan estas organizaciones”, afirmó en entrevistas radiales, al insistir en que las Fuerzas Armadas actuaron con base en inteligencia verificada.
El Ministerio de Defensa de Ecuador difundió evidencias del operativo denominado “Exterminio Total”, entre ellas el hallazgo de un fusil semiautomático y municiones en el área intervenida. Además, las autoridades reportaron la aprehensión de cuatro ciudadanos colombianos, presuntamente vinculados al grupo armado, como parte de acciones coordinadas con Estados Unidos.
Según el Gobierno, la zona funcionaba como espacio de descanso y entrenamiento de al menos 50 integrantes de esta estructura, vinculada a delitos de narcotráfico y ataques recientes contra fuerzas militares. Entre estos hechos constan el asesinato de 11 uniformados en Alto Punino y una emboscada contra personal de inteligencia.
Las autoridades también subrayaron que el área forma parte de una franja de seguridad de 40 kilómetros en la frontera norte, donde la ley prohíbe asentamientos no autorizados. En ese contexto, recalcaron que en el lugar no existía actividad ganadera ni presencia de reses al momento del operativo.
Ministro Reimberg
El ministro Reimberg agregó que casos similares se han detectado en provincias como Santo Domingo y Esmeraldas, donde fincas aparentemente productivas sostenían economías ilegales, incluso con producción masiva de leche utilizada para encubrir operaciones criminales.
No obstante, la versión oficial contrasta con testimonios recogidos por The New York Times, que ubican el bombardeo en la comunidad de San Martín, parroquia Jambelí, en el cantón Lago Agrio. Según el reportaje, trabajadores del predio denunciaron agresiones y posibles vulneraciones de derechos.
En paralelo, la Alianza por los Derechos Humanos presentó denuncias ante la Fiscalía y organismos internacionales, incluidas instancias de Naciones Unidas, para que se investiguen los hechos.
La controversia mantiene abierto el debate sobre el uso de la fuerza en zonas fronterizas y la verificación de objetivos en operaciones contra el crimen organizado. (I)
