QUITO, Pichincha
El Gobierno ecuatoriano revocó la residencia del académico español Fernando Casado, asesor de la excandidata presidencial Luisa González y cercano al movimiento Revolución Ciudadana. La decisión provocó reacciones dentro del correísmo y abrió un nuevo episodio de tensión política.
El expresidente Rafael Correa difundió la medida a través de la red social X y aseguró que el Ministerio del Interior sustentó la revocatoria en un oficio reservado. Según ese documento, las autoridades señalan a Casado por presuntos actos que atentarían contra la seguridad pública y la estructura del Estado.
El propio Casado confirmó que recibió la notificación oficial, aunque afirmó que el documento no detalla las razones específicas de la decisión administrativa. El académico sostiene que la medida podría afectar su permanencia en el país y su actividad profesional.
Fernando Casado nació en Córdoba, España, y reside en Ecuador desde 2014. Durante más de una década desarrolló actividades académicas y políticas vinculadas al progresismo latinoamericano y al denominado Socialismo del Siglo XXI.
En el ámbito académico, se desempeñó como docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y participó en programas de posgrado relacionados con derecho internacional. Además, brindó asesoría jurídica y comunicacional en procesos políticos en Ecuador y Venezuela.
En 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, el IAEN lo separó de sus funciones. Desde entonces, el catedrático mantuvo cercanía con el movimiento Revolución Ciudadana y colaboró como asesor político, especialmente con la excandidata presidencial Luisa González.
Casado posee nacionalidad española y también obtuvo la venezolana por su vínculo matrimonial con una ciudadana de ese país. Además, tiene una hija nacida en Ecuador, nación donde estableció su residencia desde hace más de una década.
Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha confirmado oficialmente la revocatoria de la residencia. Dirigentes de la Revolución Ciudadana califican la medida como persecución política y sostienen que la decisión genera preocupación sobre la seguridad jurídica en el país.
El caso ocurre en un contexto de medidas similares adoptadas por el Gobierno ecuatoriano contra ciudadanos extranjeros considerados un riesgo para la seguridad del Estado. En 2024, las autoridades deportaron a la creadora de contenido cubana Alondra Santiago y, en octubre de 2025, emitieron una orden de deportación contra el periodista español Lautaro Bernat bajo informes reservados. (I)
