QUITO, Pichincha
Las federaciones médicas y de enfermería del país reaccionaron con firmeza frente a los despidos masivos registrados en el sistema público de salud y presentaron seis exigencias al Gobierno Nacional para revertir la medida. Entre el 13 y 14 de abril de 2026, más de 300 profesionales quedaron desvinculados en varias provincias, lo que encendió las alertas del sector.
La Federación Médica Ecuatoriana y la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros rechazaron la decisión y advirtieron que la reducción de personal impacta directamente en la atención a los pacientes, especialmente en un sistema que ya arrastra limitaciones estructurales.
Los gremios plantearon seis acciones urgentes: anular los memorandos de desvinculación, reincorporar a los trabajadores afectados, reestructurar las unidades de talento humano con participación técnica del sector salud, implementar políticas públicas que fortalezcan al personal sanitario, diseñar un plan nacional basado en criterios epidemiológicos y garantizar el respeto a la normativa laboral vigente.
Organizaciones cuestionaron
Las organizaciones cuestionaron el argumento oficial de “optimización de recursos” y aseguraron que no existe sustento técnico verificable. Según su análisis, el sistema enfrenta un déficit de profesionales —estimado en cerca de 18.000—, lo que contradice la necesidad de recortes.
Además, denunciaron irregularidades en el proceso de despido. Señalaron que las desvinculaciones se ejecutaron mediante memorandos, un mecanismo que no constituye un acto administrativo válido para terminar una relación laboral. En ese sentido, calificaron los ceses como ilegales por falta de motivación jurídica.
El impacto de la medida ya preocupa al sector. Los gremios alertaron sobre posibles consecuencias inmediatas: reducción de turnos, aumento en los tiempos de espera, sobrecarga del personal activo y dificultades en la continuidad de tratamientos, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas.
En paralelo, la Federación Médica Ecuatoriana advirtió que la disminución de personal en un contexto de alta demanda podría incrementar riesgos como mortalidad evitable, retrasos en diagnósticos y saturación de servicios de emergencia, además de profundizar las brechas de acceso a la salud en sectores vulnerables. (I)
