QUITO, Pichincha
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, informó que ha solicitado a la Comisión de Fiscalización y Control Político que, en el plazo de dos días, remita un informe de posiciones de los miembros de este organismo y las actas relacionadas con la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi.
La solicitud nace debido a que el requerimiento de ampliación del plazo para emitir el informe se entregó de manera extemporánea.
Guadalupe Llori explicó que el 26 de julio de 2021 concluyó el plazo para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo del proceso de juicio político al excontralor Pablo Celi y que, a partir de esa fecha, la Comisión de Fiscalización tenía cinco días de plazo para presentar el informe motivado para el avance de este proceso en el Pleno de la Asamblea.
Según lo que determina el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el mencionado plazo venció el 31 de julio de 2021.
Al amparo del mismo artículo, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, solicitó -fuera de los plazos establecidos-, con fecha 2 de agosto, a las 00h44 am, una prórroga para la entrega del informe.
Llori aseguró que, en vista del incumplimiento de la normativa, la Presidencia de la Asamblea Nacional resolvió no conceder la extensión del plazo, porque contravendría lo establecido en la Ley que rige la Función Legislativa.
Ante los hechos mencionados, afirmó, que “esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor Pablo Celi, pese a la negligencia cometida por el presidente la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio”.
Y que será, explicó, el Pleno del Legislativo el órgano que resuelva el proceso, sobre la base de las causales señaladas en la petición del asambleísta Juan Cristóbal Lloret.
De su lado, Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachakutik, reiteró que esta nueva Asamblea no permitirá que el proceso político contra el excontralor, Pablo Celi quede en la impunidad, pues “como legisladores tenemos que garantizar el respeto al debido proceso, de conformidad con lo que establecen la Constitución y la Ley”.
Entre tanto, Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, subrayó que pese a este error cometido por la Comisión de Fiscalización, existe una salida legal para evitar que se incurra en causales de nulidad del juicio político contra Pablo Celi y que, sobre la base del informe de posiciones de los miembros de la Comisión, el Pleno de la Asamblea determine si da paso al juicio y a la correspondiente censura o no. (I)
