QUITO, Pichincha
Human Rights Watch (HRW) cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas bancarias de organizaciones indígenas y ambientalistas sin presentar pruebas ante los tribunales. La ONG afirmó que esta medida ocurrió durante las protestas que siguieron a la eliminación del subsidio al diésel entre septiembre y octubre, cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ordenó suspender fondos de colectivos sociales, dirigentes y miembros vinculados.
HRW detalló que la UAFE se basó en informes secretos de inteligencia para solicitar los bloqueos, lo que según la organización generó preocupación por un posible uso político de la norma. Juanita Goebertus, directora para las Américas, advirtió que estas medidas nunca deben utilizarse para frenar protestas pacíficas ni afectar el trabajo de las organizaciones civiles.
Los investigadores entrevistaron a 16 personas, revisaron documentos judiciales sobre 21 casos e incluso asistieron a dos audiencias donde jueces decidieron levantar los bloqueos, al no recibir documentación que justificara la restricción de fondos. Entre las afectadas figuró Alianza Ceibo, que perdió acceso a recursos destinados a proyectos financiados por la Unión Europea.
HRW señaló que la UAFE aplicó una disposición de la Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto por mayoría oficialista y promovida por el presidente Daniel Noboa. La norma permite congelar cuentas sin orden judicial cuando existan “indicios objetivos y verificables” de operaciones sospechosas. Noboa había señalado públicamente que esos fondos financiarían movilizaciones que buscaban desestabilizar su gobierno durante el paro nacional convocado por Conaie, jornada que dejó dos fallecidos y 473 heridos, según organizaciones civiles.
La ONG pidió revisar con urgencia estas disposiciones para alinearlas con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Hasta el cierre de esta publicación, el Gobierno no emitió una respuesta oficial al pronunciamiento. (I)
