QUITO, Pichincha
El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses y sin remuneración a la jueza María Daniela Ayala, de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, quien tramitó el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio.
El organismo determinó que la magistrada incurrió en una falta gravísima de dolo al dictar medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de dos procesados vinculados al magnicidio del exasambleísta y excandidato presidencial.
La resolución se adoptó el lunes 2 de marzo de 2026. La Judicatura aclaró que la suspensión constituye una medida preventiva mientras avanza el sumario administrativo abierto en contra de la funcionaria.
Ayala dirige la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en el norte de Quito. En septiembre de 2025 encabezó la audiencia de formulación de cargos contra José Serrano, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, dentro del expediente conocido como “Magnicidio FV”, proceso en el que la Fiscalía busca identificar a los presuntos autores intelectuales del crimen.
Prisión preventiva
Durante esa diligencia, la jueza negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para Serrano y Jordán. Además, protagonizó confrontaciones con la fiscal Ana Hidalgo, a quien señaló que “la Fiscalía no puede ser el brazo ejecutor del político de turno”. Tras esos hechos, el entonces fiscal general, Wilson Toainga, presentó una denuncia ante la Judicatura.
No es la primera medida disciplinaria contra Ayala. El 12 de septiembre de 2025, el Consejo la suspendió provisionalmente por 90 días mientras se desarrollaba el sumario administrativo. Posteriormente, el 8 de diciembre de 2025, el Director General del organismo le impuso una sanción de 30 días sin sueldo.
Con esta nueva decisión, la Judicatura mantiene abierta la evaluación disciplinaria sobre la actuación de la magistrada en uno de los casos penales de mayor repercusión política y judicial en el país. (I)
