QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional dio luz verde, este martes 7 de julio del 2026, a la Ley de Extradición con 139 votos a favor. La normativa busca fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado.
Además, el cuerpo legal busca facilitar los procesos de entrega de personas requeridas por la justicia, conforme a la legislación vigente.
La aprobación se concretó este martes con el respaldo de 139 legisladores, convirtiéndose en una de las decisiones de mayor consenso dentro del Pleno.
La nueva ley tiene como objetivo fortalecer la cooperación judicial internacional y reforzar la lucha contra las organizaciones delictivas.
Tras la votación, la asambleísta Rosa Torres afirmó que la aprobación representa un hecho histórico para el país y el Legislativo. «En Ecuador no se negocia con las mafias», señaló al destacar que la normativa apunta a combatir con mayor eficacia al crimen organizado.
Análisis técnico
Según el análisis técnico y jurídico realizado por la mesa legislativa, esta reforma integral a la Ley de Extradición constituye una respuesta necesaria frente a la complejidad del contexto nacional y al creciente desafío del crimen organizado transnacional.
La normativa moderniza el régimen del sistema de extradición ecuatoriano, incorpora definiciones y procedimientos adecuados, fortalece la actuación institucional de la Corte Nacional de Justicia y de la vía diplomática, amplía y precisa las garantías procesales, y establece reglas uniformes para la extradición activa y pasiva, eliminando vacíos que históricamente han obstaculizado la eficacia del Estado ecuatoriano en esta materia.
Durante el debate, que contó con la participación de 15 asambleístas, se señaló que se trata de modernizar una norma que, por más de dos décadas, no ha cumplido con su cometido; que esta legislación responde al reclamo ciudadano de contar con mecanismos eficaces para enfrentar la impunidad; y que Ecuador no volverá a ser un refugio para criminales.
Combatir la corrupción
Asimismo, se afirmó que la ley cerrará una importante vía de escape para el crimen organizado. No obstante, se recalcó que esta normativa, por sí sola, no resolverá el problema de la inseguridad, por lo que también es indispensable combatir la corrupción en la Función Judicial.
Además, se destacó que la ley proporciona herramientas para agilizar los procesos relacionados con delitos de carácter transnacional y delimita con claridad las responsabilidades de las fases administrativa y judicial de la extradición.
El proyecto será remitido al Ejecutivo para la respectiva sanción u objeción, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley. (I)
