La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó con el tratamiento del Proyecto de Reformas a la Ley de Inquilinato, para lo cual recibió a Jorge Alvear, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y a Ricardo Freire, director de la plataforma ciudadana Mejores Reglas, Más Oportunidades, quienes expusieron sus observaciones técnicas y jurídicas.
Alvear, experto en temas de arbitraje, comentó que la propuesta contiene avances importantes, como la modernización de la figura del desahucio, la promoción de soluciones convencionales de conflictos y la regulación del registro de contratos y del capítulo de garantías, entre otros aspectos que contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica de las partes contratantes.
Consideró necesario armonizar el artículo 1 de la iniciativa con lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto a la competencia de los jueces para conocer las causas de inquilinato y, sobre todo, dejar en claro la procedencia de la mediación en aquellos casos de arrendamiento de bienes no destinados a vivienda, es decir, los utilizados en actividades económicas o comerciales.
Entre tanto, Freire recordó que el sistema de arrendamiento en Ecuador enfrenta un modelo tradicional basado en la capacidad de ahorro de la persona que busca un inmueble para alquilar, lo cual constituye una barrera para el acceso a la vivienda, ya que muchas veces no cuenta con los recursos para constituir una garantía o no puede conseguir un garante o fiador. Para corregir esta situación, propuso estudiar la posibilidad de promover un mecanismo de garantía institucional que permita a entidades debidamente autorizadas otorgar seguros de arrendamiento, tanto para el arrendador como para el arrendatario. De esta manera, se establecería un fondo que, finalmente, serviría para atender las necesidades de recuperación del bien y los arreglos indispensables antes de su entrega, una vez finalizado el contrato
