QUITO, Pichincha
El proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados retornará a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se encargará de analizar las observaciones que presentaron los asambleístas durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama, amparado en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), solicitó a la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la suspensión del punto del orden del día con la finalidad de preparar el texto final del articulado con las observaciones de los parlamentarios.
Curicama agradeció a los asambleístas por las observaciones para favorecer a la industria láctea del país e indicó que el proyecto busca establecer el régimen legal y administrativo que permita, promover, regular, asegurar, garantizar y fortalecer la producción primaria de leche cruda.
En el debate, Lenin Mera felicitó la iniciativa que permite volver la vista al campo y afirmó que todavía son necesarias modificaciones para garantizar los derechos de los 200 mil productores de leche.
Entre las distintas observaciones presentadas por los legisladores, Rafael Lucero destacó que en el articulado se debe declarar a la actividad ganadera productora de leche como de interés público, mientras que Dina Farinango resaltó que es urgente fijar el precio de sustentación del litro de leche, ya que los productores siguen cobrando un precio bajo a pesar de que en la percha los precios suben sin control.
Por su parte, María José Plaza planteó la adopción de un mecanismo flexible para la fijación del precio de la leche que permita precautelar las necesidades de los productores y que responda al dinamismo del mercado.
De acuerdo con el artículo 61 de la LOFL, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria deberá convocar a los miembros de la mesa legislativa para que, en una sola sesión, analicen las observaciones y aprueben el texto final de votación, el mismo que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días. (I)
