CUENCA, Azuay
Los reos tendrán que trabajar para sustentar sus necesidades luego de que este martes, 17 de marzo, la Asamblea aprobó la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
La nueva forma se aprobó con 84 votos afirmativos y 62 negativos, en su mayoría de la Revolución Ciudadana. También, hubo dos abstenciones. Ahora el texto será remitido al Ejecutivo en su rol de colegislador.
La iniciativa busca restablecer el control institucional del Estado sobre las cárceles, evitar la reorganización del crimen desde los centros penitenciarios y garantizar que la ejecución de las penas se cumpla dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Contra el crimen organizado
Las reformas planteadas constituyen una respuesta normativa integral frente a la crisis penitenciaria, orientada a fortalecer la institucionalidad del sistema, reducir la influencia del crimen organizado en las cárceles y garantizar que la ejecución de las penas se desarrolle dentro de un marco de seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos
Durante la sesión del Pleno, realizada en la Universidad Católica de Cuenca, la presidenta de la mesa, Inés Alarcón, presentó la moción para aprobar el texto íntegro.
La iniciativa plantea que las personas privadas de la libertad realicen labores dentro de los centros penitenciarios con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas durante el cumplimiento de sus condenas.
Entre los principales planteamientos también constan la creación de un Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la clasificación de los centros de privación de libertad, el establecimiento de un régimen especial y la diferenciación funcional entre la seguridad penitenciaria de adultos y el sistema de adolescentes infractores.
Régimen disciplinario
La norma también incorpora reformas al régimen disciplinario para combatir la corrupción dentro del sistema, así como una disposición transitoria para implementar y promover políticas de trabajo penitenciario orientadas a la rehabilitación y reinserción social.
En este contexto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) deberá ejecutar estas políticas en un plazo máximo de 36 meses, conforme a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación. “No hay otra forma de lograr la rehabilitación que a través de la dignificación de las personas mediante el trabajo”, ratificó Alarcón. (I)
