CIUDAD DE MÉXICO, México
México atraviesa una de las crisis más graves de derechos humanos: la desaparición de más de 100 mil personas y la desesperación de sus familiares ante la ineficacia de los mecanismos nacionales para investigar y sancionar estas violaciones, que destruyen vidas de personas con familias, amigos y hermanos.
Algunos colectivos de familiares y organizaciones civiles han recurrido al Sistema Interamericano, al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) y a la Corte Penal Internacional (CPI), aunque la respuesta internacional sigue siendo limitada y condicionada por la política estatal y la geopolítica.
En Coahuila, hace casi una década, colectivos como Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras presentaron a la CPI un informe que documenta más de 500 casos, incluyendo asesinatos perpetrados por los Zetas y violaciones cometidas por corporaciones policiacas. A pesar de la gravedad de los hechos, la Corte aún no abrió investigación preliminar. Casos similares se han presentado en Baja California, Chihuahua, Nayarit y Veracruz, sin que se hayan iniciado indagaciones efectivas.
Convención Internacional
En abril de 2025, el CED activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas respecto a México, un precedente inédito que permite solicitar información al Estado y, si confirma un problema grave, llevar el caso a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, el gobierno federal y otras instituciones, como la CNDH y el Senado, desestimaron los hallazgos, evidenciando la dependencia del sistema internacional de la cooperación estatal.
Este patrón de inacción no es exclusivo de México. En Gaza, organismos internacionales han documentado crímenes de guerra y desplazamientos forzados sin que las resoluciones multilaterales logren frenar la impunidad. La comparación evidencia una constante: el sistema internacional de derechos humanos carece de mecanismos efectivos cuando los Estados no colaboran.
En México, la justicia internacional y las sentencias nacionales no han garantizado reparación ni seguridad para las víctimas. Las familias continúan realizando labores forenses en condiciones precarias mientras las autoridades eluden responsabilidades. La arquitectura internacional, que prometía proteger a los ciudadanos frente al poder del Estado, en muchos casos protege al Estado frente a sus ciudadanos.
La experiencia demuestra la urgencia de replantear el alcance del derecho internacional en contextos donde el Estado es actor activo o permisivo de la violencia. Mientras no existan mecanismos que obliguen a los gobiernos a cumplir sus obligaciones, la desaparición forzada seguirá siendo una herida abierta y sin reparación para las familias de México. (I)
