QUITO, Pichincha
El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) activó un plan nacional para garantizar el suministro de agua potable para riego y saneamiento en todo el país, ante el paro nacional convocado por movimientos sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
La ministra Inés Manzano advirtió que interrumpir el servicio constituye un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede acarrear hasta 40 años de prisión. “La suspensión o paralización del suministro está prohibida por la ley y será sancionada con firmeza. Estos actos pueden constituir delitos como terrorismo, sabotaje, paralización de servicios públicos o delitos ambientales”, señaló la funcionaria.
Canales de denuncia y medidas
El MAE habilitó los canales oficiales para reportar irregularidades: la línea gratuita 1-800 746-248 y el WhatsApp 0982 494 332. Estas plataformas permiten a las autoridades actuar de manera inmediata frente a cortes ilegales del servicio.
Equipos técnicos del ministerio trabajan de forma permanente y coordinada con las juntas de agua para mantener la provisión del recurso en cada provincia. Manzano recalcó la prioridad del Gobierno en proteger el acceso al agua: “No permitiremos que unos pocos perjudiquen el bienestar de la gente. Nuestro compromiso es con cada familia ecuatoriana”.
El paro, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales, busca protestar contra la eliminación del subsidio al diésel. El Gobierno, sin embargo, mantiene operativo el suministro básico de servicios esenciales y refuerza la supervisión legal ante cualquier intento de interrupción. (I)
