QUITO, Pichincha
Decenas de conductores del Valle de los Chillos protagonizaron el domingo 03 de agosto de 2025, una caravana motorizada para protestar contra el cobro del peaje en la autopista General Rumiñahui, vía de alta afluencia que conecta Quito con el cantón Rumiñahui.
La movilización inició en el puente 9, en el límite del Distrito Metropolitano, y avanzó por los tres carriles hacia Quito, generando congestión cerca del pórtico del peaje. El tránsito se normalizó horas después.
Voltamat Almeida, residente del sector, señaló que el peaje resulta ilegal al estar ubicado en zona urbana. “Pago desde 2010 y he desembolsado más de 10.000 dólares sin ver mejoras en el ingreso a mi conjunto. Además, incumplieron un compromiso para adoquinar 150 metros de vía”, afirmó.
Autopista General Rumiñahui
La autopista General Rumiñahui soporta más de 90.000 vehículos diarios y nace cerca de El Trébol, atravesando barrios del suroriente quiteño hasta llegar al límite con Rumiñahui. Aunque la vía está en zona urbana, el peaje permanece activo, lo que ha generado malestar entre los vecinos, que consideran el cobro excesivo, injustificado y contrario a la Constitución.
El concejal Fidel Chamba explicó que el Municipio de Quito cedió la administración de la vía a la Prefectura de Pichincha mediante un convenio firmado en octubre de 2007, vigente por 30 años hasta 2037. La gobernación se encarga del mantenimiento vial.
Sin embargo, el colectivo Fuera Peaje Fuera, organizador de la protesta, demanda la eliminación del peaje y la devolución de la administración al Municipio de Quito, por medio de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
Natasha Ruiz, vocera del colectivo, afirmó: “Si desaparece el peaje, la vía pasa a manos del Municipio, que sí tiene los recursos para mantenerla. Es hora de que esta carretera sirva a la ciudadanía y no se lucre con ella”.
Esta manifestación se vincula con una acción de inconstitucionalidad presentada en marzo ante la Corte Constitucional, que busca anular el cobro del peaje por considerarlo incompatible con la ubicación urbana y el derecho a la libre circulación.
Los vecinos han denunciado además discriminación en la prestación de servicios viales, pues mientras algunas zonas reciben mejoras, otras deben pagar por transitar pocos metros para acceder a sus hogares. (I)
