QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa asumió control directo del sistema penitenciario con la emisión del Decreto Ejecutivo 366, que deroga la normativa vigente desde 2020 del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad y redefine la estructura de gestión en las cárceles del país. La medida introduce controles tecnológicos, endurece el régimen para internos peligrosos y corta los flujos económicos ilegales dentro de los centros.
El nuevo reglamento organiza la administración en tres niveles —gobierno, dirección y ejecución— y limita al SNAI a funciones operativas. El Ejecutivo impulsa esta reforma en medio de una crisis carcelaria que dejó 206 reclusos asesinados en 2025 y un hacinamiento nacional del 34,42%, cifras que evidencian el deterioro del sistema.
Entre los cambios más relevantes, el decreto ordena la instalación obligatoria de inhibidores de señal para bloquear comunicaciones ilícitas desde las celdas. Además, implementa sistemas de reconocimiento de voz en llamadas autorizadas y dispone la grabación de visitas presenciales y virtuales, con el objetivo de frenar la coordinación de delitos desde prisión.
El Gobierno también crea un régimen diferenciado para internos de alta peligrosidad y cabecillas de estructuras criminales. Esta clasificación permitirá traslados inmediatos y aislamiento en centros específicos, decisión que el SNAI ejecutará según criterios de riesgo. En la práctica, ya se han aplicado medidas similares con reclusos trasladados a la denominada Cárcel del Encuentro.
En el ámbito económico, el decreto prohíbe el uso de dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios. Los internos deberán realizar consumos mediante transferencias directas a proveedores, con límites fijados en el 25% del salario básico para procesados y 30% para sentenciados. De esos montos, el 40% se destinará a higiene y el 60% a alimentación complementaria, lo que busca debilitar las finanzas de organizaciones delictivas como Los Choneros.
Grilletes electrónicos
Otra modificación clave establece que los procesados que utilicen grilletes electrónicos deberán cubrir su costo y mantenimiento mensual. El SNAI fijará las tarifas según la condición económica del usuario, mientras que solo personas con enfermedades catastróficas o insolvencia comprobada quedarán exentas.
El decreto también centraliza la concesión de beneficios penitenciarios. Una nueva Comisión de Beneficios Penitenciarios analizará y validará los pedidos de prelibertad, eliminando la discrecionalidad de cada centro. Paralelamente, el Ejecutivo crea unidades de reinserción social para supervisar a quienes accedan a regímenes abiertos fuera de las cárceles.
En cuanto a contraventores, la normativa dispone la creación de centros específicos para deudores de pensiones alimenticias e infractores de tránsito, evitando su convivencia con población vinculada a delitos graves. Además, fija un horario obligatorio de apremio parcial entre las 22:00 y 06:00 cuando el juez no determine una franja distinta.
Aunque el Gobierno presentó estas reformas como un giro estructural para recuperar el control del sistema penitenciario, aún no detalla el financiamiento ni el cronograma de implementación de las nuevas medidas. (I)
