QUITO, Pichincha
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, encabezó una movilización ciudadana hasta la Corte Constitucional del Ecuador para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Cientos de personas acompañaron al burgomaestre en una marcha que partió desde el Parque El Arbolito y avanzó por la Avenida 12 de Octubre hasta llegar a las calles Veintimilla y Tamayo, donde funciona el máximo organismo de control constitucional del país. Durante el recorrido participó la banda de paz de la Unidad Educativa Municipal Sucre.
Al llegar al edificio de la Corte, Muñoz se dirigió a los asistentes y cuestionó a la Asamblea Nacional del Ecuador por no recibir a alcaldes y prefectos que buscaban exponer sus observaciones a la reforma aprobada el pasado 20 de febrero.
Municipio de Quito
El alcalde sostuvo que la normativa no considera las diferencias entre los 222 cantones del país y defendió las competencias particulares que mantiene el Municipio de Quito, especialmente en áreas sociales como educación y salud.
Según explicó, la capital administra 20 unidades educativas municipales que atienden a más de 27.000 estudiantes y emplean alrededor de 1.000 docentes. Además, el cabildo gestiona servicios de salud escolar que incluyen médicos, nutricionistas, odontólogos y psicólogos.
A esta red se suman tres centros de salud municipales, cerca de 100 centros de atención infantil Quito Wawas que atienden a aproximadamente 5.000 niños, y 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).
Con la acción presentada ante la Corte Constitucional, el alcalde solicitó que las reformas al Cootad se suspendan mientras el organismo analiza la demanda.
La iniciativa se suma a otras acciones legales impulsadas por distintas instituciones y organizaciones sociales. En total, la reforma enfrenta al menos siete demandas de inconstitucionalidad, entre ellas la presentada por la Prefectura de Pichincha.
El pasado 24 de febrero, el Concejo Metropolitano de Quito también aprobó una resolución de respaldo a las medidas jurídicas promovidas por el alcalde para evitar la aplicación de la normativa. (I)
