QUITO, Pichincha
El Gobierno de Ecuador realizó, ayer miércoles, una nueva repatriación de presos colombianos. Ocho reclusos fueron entregados a las autoridades de Colombia para que terminen de cumplir sus condenas impuestas por la Justicia ecuatoriana en su país.
Entre los repatriados en esta ocasión había siete hombres y una mujer con condenas por drogas, salvo uno de ellos que fue condenado por violación.
Los presos, que se encontraban en la cárcel de Tulcán, fronteriza con Colombia, fueron trasladados a la prisión de Ipiales, la ciudad colombiana más próxima a la frontera con Ecuador.
“En la cárcel de Ipiales no tenemos hacinamiento penitenciario en este momento porque tenemos una capacidad importante. (Y eso) Nos permitirá que nuestros connacionales tengan unas condiciones óptimas”, comentó el director de la prisión, Javier Guerrero.
Los repatriados
La máxima autoridad penitenciaria de Ipiales enfatizó que los repatriados cumplirán en territorio colombiano, sin excepción, la pena que las autoridades ecuatorianas les impusieron.
Durante ese tiempo, Guerrero explicó que estos presos contarán con mejores condiciones carcelarias y estarán más cerca de sus familias.
Mientras, Bryan Cuasapaz, jefe de Migración en la provincia de Carchi, destacó que estas repatriaciones permiten descongestionar las cárceles de Ecuador, que se encuentran sumidas en una crisis de seguridad que llevó al presidente, Daniel Noboa, a ordenar su militarización desde inicios de 2024.
Crisis carcelaria
Más de 500 presos han sido asesinados desde 2021 en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
En ese contexto, el Mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros que en ese momento eran unos 3 200 reos, equivalentes al 10% de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana.
Para que puedan producirse las repatriaciones de presos extranjeros, el código penal ecuatoriano indica que primero deben tener sentencia firme y que la duración de la pena que le queda por cumplir sean al menos seis meses. (I)
