QUITO, Pichincha
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el análisis de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de prevenir y sancionar el uso fraudulento de mecanismos de protección migratoria en el país.
La propuesta, presentada por la asambleísta Graciela Ramírez, responde al incremento de casos en los que estructuras delictivas aprovechan estas figuras —creadas para proteger a personas en situación de riesgo— con fines ilícitos. La legisladora advirtió que organizaciones criminales utilizan falsas promesas de regularización o refugio para captar víctimas y someterlas a redes de explotación.
El proyecto plantea reformar cuatro artículos relacionados con delitos como la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. Además, incorpora agravantes para endurecer las sanciones y reducir los niveles de impunidad en estos casos.
Ramírez señaló que medidas similares ya operan en países como Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea, donde se establecen marcos sancionatorios más estrictos para evitar abusos en los sistemas de protección migratoria.
Durante la jornada, la comisión también profundizó el debate sobre el delito de pertenencia a grupos de delincuencia organizada. Ángel Naranjo Estrada explicó que este tipo penal implica una participación activa y consciente dentro de estructuras criminales, más allá de una afiliación formal.
El experto detalló que la normativa contempla tres conductas: pertenecer, ser parte y colaborar. No obstante, advirtió que la redacción actual podría generar sanciones sin evidencia directa de participación en delitos específicos, lo que abriría la puerta a interpretaciones amplias y posibles vulneraciones de garantías legales.
El tratamiento de estas reformas busca fortalecer el marco jurídico frente al crimen organizado y proteger a poblaciones vulnerables, en un contexto donde las autoridades intentan cerrar brechas utilizadas por redes delictivas. (I)
