GUAYAQUIL, Guayas
El Registro Civil del Ecuador presentó una denuncia penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunto fraude procesal y falsificación y uso de documento falso. La acción judicial ingresó en la Fiscalía del Guayas y apunta a esclarecer una supuesta alteración en su acta de nacimiento.
Ottón José Rivadeneira, director general del Registro Civil, formalizó la acusación tras una auditoría ejecutada en febrero de 2026. El informe detectó inconsistencias en el trámite mediante el cual Álvarez habría modificado su año de nacimiento de 1985 a 1984.
Irregularidades detectadas
Según la denuncia, en noviembre de 2017 el funcionario solicitó la marginación de su partida sustentándose en un fallo judicial fechado el 26 de noviembre de 2016. Sin embargo, la auditoría reveló que ese proceso no consta en el sistema Satje del Consejo de la Judicatura.
Además, el juez que aparece firmando el documento, Peter Kuffo Ronquillo, y la secretaria señalada en el fallo no se encontraban en funciones en la fecha indicada. El documento también presenta contradicciones en las fechas procesales y errores en la denominación de la unidad judicial, elementos que, según el Registro Civil, evidenciarían su inexistencia jurídica.
Aunque la entidad reconoció que las acciones administrativas relacionadas con el trámite de 2016 prescribieron por el paso del tiempo, sostuvo que el presunto uso de documentación falsa podría configurar delitos tipificados en los artículos 272 y 328 del Código Orgánico Integral Penal.
Posible móvil deportivo
La denuncia plantea como posible motivación del cambio de año de nacimiento el cumplimiento del requisito de edad mínima —35 años— para participar en las elecciones de la directiva de Barcelona Sporting Club en 2019. Por ello, la entidad solicitó que la Fiscalía reciba versiones de los padres del alcalde y de exdirectivos del club.
Álvarez permanece detenido en la cárcel de Latacunga por el denominado caso Goleada. Con esta nueva denuncia, su situación jurídica se complejiza mientras la Fiscalía analiza si las presuntas irregularidades derivan en responsabilidades penales adicionales. (I)
