Por Elio Ortega Icaza
La reciente masacre registrada en el Centro de Privación de Libertad de Machala, en la provincia de El Oro, que dejó trece personas privadas de libertad asesinadas, vuelve a desnudar una verdad que el país no puede seguir ignorando: el sistema penitenciario ecuatoriano ha colapsado, y con él, el deber estatal de proteger la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.
Cada hecho violento dentro de las cárceles confirma una misma realidad: la ausencia de control institucional. El SNAI, entidad llamada a garantizar orden y seguridad, opera entre limitaciones estructurales, déficit de personal, falta de inteligencia preventiva y una administración penitenciaria debilitada.
Lo que ocurre dentro de estos centros no es consecuencia exclusiva del crimen organizado; es la prueba de una omisión prolongada del Estado.
La Constitución de la República es inequívoca. El artículo 66 garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal; el artículo 51 obliga al Estado a mantener condiciones dignas para las personas privadas de libertad y a protegerlas contra la violencia.
La privación de libertad no suspende derechos: apenas restringe la movilidad, nunca la dignidad humana. En el ámbito internacional, el Ecuador ha suscrito compromisos de obligatorio cumplimiento.
El artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce el derecho de toda persona a que se respete su integridad física y moral, prohibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. A ello se suman las Reglas Mandela de la ONU, que exigen estándares mínimos de seguridad, trato digno y gestión penitenciaria eficiente.
La Corte Constitucional ha declarado en varias ocasiones el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y ha ordenado medidas urgentes. La Corte Nacional de Justicia también ha señalado responsabilidades y exigido acciones concretas. Pero las respuestas han sido parciales, fragmentadas o tardías, permitiendo que la violencia siga escalando.
Las cárceles no pueden continuar siendo espacios donde la ley se diluye y la vida humana se pierde sin responsabilidad.
Lo ocurrido en Machala es un llamado urgente a replantear el modelo, asumir responsabilidades y diseñar políticas públicas integrales que devuelvan al sistema penitenciario su función esencial: rehabilitar y proteger.
El silencio oficial no detendrá la crisis. El Ecuador exige un Estado capaz de garantizar derechos. La vida, aun tras las rejas, no puede seguir siendo una deuda pendiente. (O)
