QUITO, Pichincha
Siete de los 28 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado registraron incrementos patrimoniales superiores a los 100.000 dólares durante su paso por la función pública, según un análisis de sus declaraciones ante la Contraloría General del Estado.
El proceso de selección, impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, avanzó desde febrero de 2026 con 75 inscritos, pero tras las fases de verificación y reconsideración quedaron habilitados 28 candidatos.
Entre los postulantes con mayor crecimiento patrimonial figura José De La Gasca, quien reportó un aumento de 1,48 millones de dólares en 2020 a 2,33 millones en 2025. El exministro atribuyó este incremento a ingresos provenientes del ejercicio privado de su profesión jurídica, debidamente declarados y con pago de impuestos.
El informe también destaca el caso de José Luis Robalino Villafuerte, cuyo patrimonio pasó de cifras negativas superiores a 1,7 millones de dólares en 2017 a más de 354 000 dólares en 2025, lo que representa un incremento que supera los dos millones. Hasta el cierre del reporte, el aspirante no respondió a los requerimientos sobre esta variación.
Christian Ayala Piedra
Por su parte, el candidato Christian Ayala Piedra explicó que sus ingresos como agente fiscal, cercanos a 50 000 dólares anuales, junto con actividades privadas financiadas mediante créditos, justifican el crecimiento de su patrimonio. Añadió que mantiene inversiones y registros tributarios que respaldan sus declaraciones.
Otros aspirantes, como Luis Rosero, señalaron que sus bienes provienen principalmente de la adquisición de inmuebles mediante créditos hipotecarios, mientras que cuatro de los siete candidatos observados no ofrecieron explicaciones públicas sobre sus finanzas.
El análisis revela que 27 de los 28 aspirantes han ocupado cargos en el sector público, lo que coloca bajo escrutinio la evolución de sus patrimonios en periodos de entre cinco y ocho años. Esta etapa del concurso se enfoca ahora en la evaluación de méritos, donde las autoridades revisarán la trayectoria profesional y académica de los postulantes antes de avanzar a las siguientes fases. (I)
