QUITO, Pichincha
El Gobierno Nacional oficializó una actualización en los procedimientos de vigilancia tributaria. Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 398, firmado el 3 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa dispuso cambios en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
El objetivo central de esta reforma es modernizar los procesos de identificación, marcación y rastreo fiscal de productos, tanto bienes como servicios, para fortalecer la lucha contra el fraude impositivo.
La normativa faculta al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que, mediante resoluciones de carácter general, determine qué sujetos pasivos deberán adoptar obligatoriamente estos mecanismos.
El sistema se basa en la implementación de componentes de seguridad que se dividen en dos categorías principales:
- Componentes Físicos (CFS): Se trata de dispositivos o códigos visibles, impresos o adheridos directamente sobre los productos, empaques, tapas o envoltorios. Estos elementos, o procesos de marcación química, permitirán una validación física o electrónica por parte de los consumidores y las autoridades estatales.
- Componentes Digitales (CDS): La reforma integra herramientas tecnológicas avanzadas que se conectarán a una plataforma integral del SRI. Este sistema recopilará información detallada sobre la producción, nacionalización y comercialización de los bienes, permitiendo un seguimiento en tiempo real de los ítems sujetos a control fiscal.
Mecanismos de control
El reglamento detalla que la verificación de estos componentes de seguridad podrá efectuarse por medios físicos o electrónicos. Esto otorga a las instituciones estatales facultades para proceder con incautaciones, ya sean provisionales o definitivas, ante cualquier irregularidad detectada en la trazabilidad del producto.
Adicionalmente, se define la categoría de “bienes de trabajo portátiles”, que incluye computadoras, teléfonos móviles y equipos de captura de imagen. Esto permite su registro automatizado con un identificador único para facilitar el control de los usuarios obligados a adoptar este sistema.
Articulación interinstitucional del sistema
Para que este modelo de trazabilidad funcione, el Ejecutivo dispuso una acción coordinada entre varias entidades estatales. Los ministerios rectores en telecomunicaciones, hidrocarburos y producción, junto con el Servicio Nacional de Aduana (Senae), la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), deberán emitir la normativa secundaria necesaria en el ámbito de sus competencias. (I)
