BOGOTÁ, Colombia
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el lunes 4 de agosto de 2025, la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para revocar de forma provisional su detención domiciliaria, tras la histórica sentencia que lo condenó a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión del tribunal se emitió sin posibilidad de apelación, aunque los magistrados aclararon que esta medida cautelar no anticipa el resultado final de la acción de tutela que continúa en análisis. Este recurso busca anular la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el proceso de apelación.
“No se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción”, expresó el tribunal en su resolución oficial.
Jaime Granados
La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, presentó la tutela alegando que el fallo del 1 de agosto vulneró derechos fundamentales del exmandatario, como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. Granados insiste en que el tribunal debe suspender la sentencia mientras se agota la vía de apelación.
Uribe, de 73 años, lideró Colombia entre 2002 y 2010, y es fundador del partido de derecha Centro Democrático. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, lo condenó en primera instancia y ordenó su detención inmediata en régimen domiciliario. Además, le impuso una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 822.000) y lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos.
La defensa tiene plazo hasta el 13 de agosto para presentar formalmente la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual deberá emitir su fallo de segunda instancia antes de finalizar octubre.
Este caso ha reavivado la polarización política en Colombia, especialmente entre los sectores que consideran a Uribe un símbolo del combate contra las guerrillas y quienes lo acusan de manipular el sistema judicial en su beneficio. (I)
