QUITO, Pichincha
El uso de uniformes policiales y militares por parte de bandas criminales se consolidó como una de las amenazas más preocupantes para la seguridad en Ecuador. Solo en 2024, las autoridades registraron 1 234 casos de delincuentes que se hicieron pasar por miembros de las fuerzas del orden para cometer delitos, un promedio de más de 100 hechos mensuales a escala nacional.
En enero de 2026, esta modalidad delictiva volvió a encender las alertas. En menos de un mes, se reportaron cuatro incidentes protagonizados por antisociales disfrazados de policías o militares. El caso más grave ocurrió la noche del 7 de enero, cuando un grupo armado, vestido con prendas similares a uniformes policiales, asesinó a tres personas dentro de una cancha de la urbanización Mocolí Golf Club, en Samborondón. Entre las víctimas figuró Stalin Olivero Vargas, alias Marino, cabecilla de la banda criminal Los Lagartos.
El episodio más reciente se registró el 19 de enero, cuando sujetos con indumentaria policial montaron un falso operativo durante la madrugada para asaltar una urbanización ubicada al norte de Guayaquil.
Experto en seguridad
Para Mario Carrillo, experto en seguridad, estos hechos evidencian una problemática estructural. En entrevista con Ecuavisa, recordó que en enero de 2025 la Policía ejecutó el operativo Tormenta 15, que dejó diez detenidos en posesión de armas, drogas y uniformes policiales y militares, entre chalecos, gorras, chompas, cascos y calzado.
Carrillo sostiene que la fabricación y comercialización de este tipo de indumentaria requiere una regulación más estricta y sanciones penales severas. También alertó sobre la venta abierta de uniformes en redes sociales. Un recorrido por Facebook Marketplace permite encontrar camuflajes desde USD 45, camisetas policiales de manga corta o larga, prendas tácticas, cintos institucionales por USD 25 e incluso insignias para diferenciar rangos.
Ante este escenario, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional impulsa una reforma legal para endurecer las sanciones. Su presidenta, la asambleísta Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional (ADN), promueve el proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, que ya superó el primer debate.
Código Orgánico Integral Penal
Alarcón cuestiona que el Código Orgánico Integral Penal tipifique actualmente el uso indebido de uniformes como una simple contravención, con penas de 15 a 30 días de prisión. Según datos del Consejo de la Judicatura, en los últimos 11 años apenas se dictaron 32 sentencias por este delito. Solo el 15 % de los casos llega a una condena, debido a vacíos en la tipificación penal. Pichincha concentra el 23 % de los hechos y Guayas el 18 %.
La reforma plantea la creación de dos nuevos delitos. El primero es la simulación de autoridad operativa, que sancionaría con uno a tres años de cárcel la instalación de falsos retenes, patrullajes u operativos. La pena aumentaría de tres a cinco años si se produce privación ilegal de la libertad, ingreso a inmuebles o afectación patrimonial, y de cinco a siete años si se simula la actuación de la Policía o las Fuerzas Armadas.
El segundo tipo penal apunta a la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales. La propuesta establece penas de uno a tres años de prisión para quienes fabriquen, importen, distribuyan o vendan uniformes, credenciales, insignias y distintivos de instituciones militares o policiales sin autorización.
Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales
Desde el sector comercial, Pablo Vizcaíno, presidente de la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales, aseguró que su gremio respalda sanciones contra el uso delictivo, pero pide controles diferenciados. Señaló que los comercios formales aplican protocolos de verificación, como la exigencia de credenciales y la emisión de facturas, y planteó que los productos oficiales cuenten con etiquetas rastreables.
En el centro de Quito, en los alrededores del Ministerio de Defensa, comerciantes formales coinciden en que la mayor amenaza proviene del mercado clandestino y de las ventas informales en redes sociales. Silvana Reina, propietaria de un local en La Recoleta, afirmó que cuenta con autorización de la Industria de la Seguridad y Defensa Nacional y mantiene un registro detallado de compradores. Liliana Quinchuela, otra comerciante del sector, advirtió que la falta de controles permanentes facilita la proliferación de negocios ilegales que venden uniformes sin exigir identificación.
Mientras la Asamblea debate la reforma, la presencia de uniformes oficiales en manos criminales sigue minando la confianza ciudadana y exponiendo a la población a operativos falsos que derivan en robos, secuestros y asesinatos. (I)
