QUITO, Pichincha
Colectivos ambientales y sociales protestaron la noche del 26 de febrero de 2026 frente a la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional del Ecuador, en rechazo a la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, aprobada horas antes con 77 votos.
La normativa, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, recibió el respaldo de la mayoría oficialista y sus aliados. Mientras el Pleno sesionó en Guayaquil, organizaciones como Yasunidos y Quito Sin Minería se concentraron en la capital para expresar su rechazo.
Con pancartas, música y consignas, los manifestantes cuestionaron el contenido de la ley y anunciaron que preparan demandas de inconstitucionalidad. Argumentaron que la reforma vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada y prioriza intereses privados sobre los derechos de la naturaleza y el acceso al agua limpia.
Los colectivos también criticaron la autorización para que las Fuerzas Armadas intervengan en zonas mineras donde operan grupos criminales. A su criterio, la medida podría generar mayor conflictividad en territorios rurales e indígenas.
Las organizaciones alertaron que la ley incrementará la presión extractiva en la Amazonía, el Chocó Andino y Galápagos, donde se habilita la extracción de materiales pétreos fuera del parque nacional. Representantes de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay se sumaron al rechazo.
Yasunidos sostuvo que la norma no constituye un ajuste técnico, sino una decisión política que, según su postura, acelera actividades de alto impacto bajo los argumentos de eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica.
Los colectivos anticiparon que acudirán a todas las instancias legales disponibles para frenar la aplicación de la ley y anunciaron que presentarán acciones formales ante la Corte Constitucional en los próximos días. (I)
