Por Elio Ortega Icaza
El sistema de justicia ecuatoriano enfrenta una crisis que va más allá de lo coyuntural. La lentitud procesal, la inseguridad jurídica, la presión mediática y política, así como la creciente desconfianza ciudadana, han debilitado su legitimidad.
Ante este panorama, la Academia no puede limitarse a un rol observador: su participación resulta indispensable para la reconstrucción de una justicia sólida, independiente y coherente con el Estado constitucional de derechos.
La formación jurídica es el primer eslabón del sistema de justicia. En las aulas se gestan los criterios, valores y prácticas que luego se reproducen en juzgados, fiscalías y despachos.
Cuando la enseñanza del derecho se centra únicamente en la memorización normativa y descuida la argumentación, la ética profesional y el análisis crítico, se forman operadores incapaces de responder a los complejos desafíos sociales actuales.
La Academia debe asumir el compromiso de formar juristas con pensamiento crítico, sensibilidad social y profundo respeto por los derechos fundamentales. Pero el rol académico no se agota en la docencia. La investigación jurídica constituye una herramienta clave para diagnosticar las fallas estructurales del sistema judicial.
Estudios empíricos sobre la aplicación de la prisión preventiva, la motivación de las sentencias, la oralidad procesal o el acceso a la justicia permiten identificar problemas reales y proponer reformas basadas en evidencia, no en discursos emocionales o punitivistas.
Asimismo, la Academia cumple una función de contrapeso democrático. En contextos de polarización y demandas de soluciones inmediatas, su voz técnica y reflexiva resulta esencial para defender el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial.
Callar frente a los excesos del poder o a la banalización de la justicia equivale a renunciar a su misión social.
Finalmente, la vinculación entre Academia y práctica judicial debe fortalecerse mediante formación continua, clínicas jurídicas y espacios de diálogo institucional. Solo así será posible construir una justicia más humana, eficiente y confiable.
La justicia ecuatoriana necesita reformas, pero sobre todo necesita conocimiento, ética y reflexión. En esa tarea, la Academia no es un actor secundario: es un pilar fundamental de la transformación institucional. (O)
