QUITO, Pichincha
El Ministerio de Trabajo levantó el impedimento que pesaba sobre Alexandra Villacís para ejercer cargos públicos, luego de que la jurista presentara su renuncia como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.
La decisión se adoptó tras un proceso legal impulsado por Villacís, quien cuestionó previamente las condiciones que le impedían asumir funciones dentro del organismo. La exfuncionaria argumentó que actuó conforme a la Constitución y recurrió a la justicia para resolver la restricción que bloqueaba su designación.
El impedimento se originó por un registro en el Servicio de Rentas Internas (SRI), que señalaba una supuesta deuda y le impedía posesionarse, incluso cuando debía reemplazar al entonces presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, una sentencia constitucional ordenó rectificar esa información y habilitar su participación en el sector público.
Pese a este fallo favorable, Villacís decidió apartarse del cargo el 7 de abril, al considerar que no existían condiciones institucionales adecuadas para continuar en funciones. En su pronunciamiento, sostuvo que su decisión responde a principios personales y a la necesidad de garantizar seguridad jurídica dentro del Estado.
La exvocal enfatizó que su intención siempre fue fortalecer la institucionalidad y contribuir al sistema judicial, aunque reconoció que el contexto actual limita ese objetivo. Con su renuncia, cerró el proceso administrativo y legal que marcó su breve paso por la Judicatura.
¿La rectificación del impedimento garantiza transparencia institucional o evidencia fallas en los controles del Estado? (I)
