MSc. Elio Roberto Ortega Icaza
El Ecuador vuelve a mirar hacia Sucumbíos en medio de un escenario inquietante. Un bombardeo reciente, que habría contado con apoyo internacional, ha generado más preguntas que respuestas.
Mientras las autoridades sostienen que el objetivo era un campamento guerrillero, otras versiones apuntan a que el lugar intervenido sería una granja avícola. Esta divergencia no solo evidencia una falta de claridad, sino que activa la obligación inmediata del Estado de investigar con rigor y transparencia.
A la par, organizaciones de derechos humanos han encendido las alertas al denunciar presuntos actos de tortura, incluyendo electrocución, contra personas retenidas durante el operativo.
De ser ciertos, estos hechos no solo serían reprochables desde el punto de vista ético, sino abiertamente inconstitucionales.
El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la integridad personal y prohíbe toda forma de tortura o trato degradante.
En concordancia, el artículo 11 numeral 3 establece la aplicación directa de estos derechos, sin necesidad de norma adicional.
Este episodio revive una herida aún abierta en la memoria nacional: el caso de “los 11 del Putumayo”, ocurrido años atrás en la misma provincia. Entonces, como ahora, las circunstancias de las muertes generaron dudas profundas, y las investigaciones no lograron disipar completamente la sombra de la impunidad. Recordarlo no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado a la responsabilidad institucional para no repetir errores del pasado.
En el ámbito internacional, el Ecuador está comprometido con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 5 garantiza la integridad personal, mientras que el artículo 1 obliga al Estado a respetar y garantizar los derechos consagrados en ella.
La Corte Interamericana, en fallos como Tibi vs. Ecuador, ha sido clara al establecer que el Estado responde no solo por acción, sino también por omisión frente a violaciones de derechos humanos.
La Corte Constitucional del Ecuador ha reforzado estos estándares, señalando que los derechos humanos tienen eficacia directa y que el principio pro homine debe guiar toda interpretación jurídica.
Asimismo, el control de convencionalidad impone a jueces y autoridades el deber de alinear sus decisiones con los tratados internacionales vigentes.
En mi calidad de abogado en libre ejercicio profesional y Magíster en Derecho Procesal, reitero la necesidad de que el Estado ecuatoriano honre sus compromisos constitucionales e internacionales. No basta con versiones oficiales; es indispensable una investigación independiente, exhaustiva y con resultados verificables.
La justicia no puede ser postergada ni diluida. Sucumbíos merece verdad, y el país entero, garantías de que hechos como estos no quedarán en la impunidad. (O)
