QUITO, Pichincha
Durante una nueva sesión en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales en el que se trata sobre el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial, orientado a fortalecer la prevención, control y sanción de los delitos que se cometen en los espacios acuáticos nacionales.
Santiago Ruiz, coordinador general jurídico del Ministerio del Interior y Luis Aníbal Carrión, subsecretario de Seguridad Pública, expusieron los fundamentos técnicos, jurídicos y operativos que respaldan las observaciones presentadas por esta cartera de Estado.
Ruiz destacó que las rutas marítimas y fluviales son utilizadas por organizaciones criminales para actividades vinculadas al narcotráfico, tráfico ilícito de armas, robo a embarcaciones y otras modalidades de delincuencia organizada transnacional.
En ese contexto, señaló la necesidad de actualizar el marco normativo para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
Entre las principales propuestas se planteó incorporar una agravante al delito de robo cuando este se cometa en espacios acuáticos nacionales contra personas que se encuentren a bordo de embarcaciones u otros medios de navegación.
Asimismo, se propuso ampliar las atribuciones de la Policía Marítima para ejecutar controles, registros y requisas ante indicios relacionados con el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, en coordinación con la Autoridad Marítima Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.
Los representantes del Ministerio del Interior aclararon que la propuesta de reforma se enfoca exclusivamente en armas de fuego, municiones y explosivos, y reconocieron la necesidad de incorporar observaciones que eviten afectaciones a los pescadores artesanales. Asimismo, manifestaron su apertura para trabajar conjuntamente con la Asamblea Nacional en el perfeccionamiento del texto legal.
Durante el debate, los legisladores expresaron inquietudes sobre los posibles efectos de la normativa en los pescadores artesanales, especialmente en relación con el uso de herramientas propias de su actividad y las garantías para evitar sanciones injustificadas por situaciones administrativas. Asimismo, consultaron sobre los mecanismos que permitirán que los nuevos controles contribuyan efectivamente a la protección de los pescadores frente a grupos armados que operan ilegalmente en el mar.
La presidenta de la comisión, Camila León, resaltó la importancia de que la normativa fortalezca la lucha contra la delincuencia organizada sin afectar las actividades lícitas de los sectores productivos. En ese sentido, el Ministerio del Interior recomendó reforzar los procesos de capacitación, socialización y coordinación permanente con los pescadores artesanales, a fin de garantizar una implementación adecuada de las reformas.
