DHC. Elio Ortega Icaza.
En el Ecuador, miles de personas conviven a diario con una realidad que avanza en silencio: la pérdida progresiva de la visión causada por la catarata.
Esta afección ocular, que consiste en la opacidad del cristalino, limita la capacidad de ver con nitidez y afecta profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. No distingue condición social, pero golpea con mayor fuerza a quienes menos recursos tienen.
A pesar de que la solución médica existe y es ampliamente conocida, el acceso sigue siendo desigual. La cirugía de catarata es uno de los procedimientos más efectivos de la medicina moderna, pero su costo en clínicas privadas la convierte en un servicio inaccesible para una gran parte de la población. Así, lo que debería ser un tratamiento común termina convirtiéndose en un privilegio.
El sistema público de salud enfrenta una presión constante. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social intenta responder a la demanda de sus afiliados, pero las limitaciones operativas, la falta de turnos y los tiempos de espera prolongados dificultan una atención oportuna.
En paralelo, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador aún no logra cubrir de manera integral este tipo de intervenciones en todos sus hospitales.
Esta situación exige decisiones firmes. El presidente Daniel Noboa Azín tiene la oportunidad de impulsar una política pública que priorice la salud visual como un derecho esencial.
Implementar campañas nacionales de cirugías gratuitas o de bajo costo no solo aliviaría el sufrimiento de miles de ecuatorianos, sino que también fortalecería la confianza en el sistema de salud.
Ver no es un lujo, es una necesidad. Recuperar la visión significa recuperar la autonomía, el trabajo y la esperanza. El país necesita acciones concretas que devuelvan la luz a quienes hoy viven en la penumbra. Actuar ahora no es solo una decisión política, es un acto de justicia social. (O)
